Después de 26 días de detención, fueron liberados bajo fianza los dos activistas de Greenpeace Japón, que fueron detenidos y acusados de interceptar ilegalmente una caja de carne de ballena proveniente del contrabando de la flota ballenera japonesa.
Ayer por la noche, un panel de tres jueces en Aomori, concedió la liberación de Junichi Sato y Toru Suzuki quienes se reunirán con sus familias en las próximas horas. En Japón, sólo el 10 por ciento de las solicitudes de libertad bajo fianza son aceptadas.
Sin embargo, la Fiscalía japonesa continuará un proceso por robo y allanamiento en contra de Sato y Suzuki, en una corte de Aomori; todavía no se establece la fecha para el inicio de las audiencias de juicio para los dos activistas.
"Estamos muy aliviados por que nuestros dos activistas fueron puestos en libertad. Sin embargo, nuestra mayor interrogante sigue sin respuesta: ¿por qué el Fiscal japonés abandonó la investigación de las pruebas concluyentes del robo de carne de ballena por miembros de la tripulación de la flota ballenera que le fue presentada por Greenpeace?", dijo Frode Pleym, vocero de Greenpeace.
A principios de este año, a partir de la información dada por ex y actuales empleados de la flota ballenera operada por Kyodo Senpaku, Greenpeace le dio seguimiento a la carne de ballena contrabandeada desde el buque factoría Nisshin Maru hasta los hogares de miembros de la tripulación.
Una de cuatro cajas con destino a la misma dirección privada fue interceptada y revisada. Esta caja, con la leyenda "cartón", contenía carne de ballena de primera con un valor máximo de 3 mil dólares estadounidenses. Esa caja fue la evidencia que expuso Greenpeace en una conferencia de prensa el pasado 15 de mayo, antes de ser entregada al fiscal de Distrito de Tokio, quien repentinamente abandonó su investigación el 10 de junio, el día en los dos activistas fueron detenidos.
"Hacemos un llamado al Gobierno japonés para que restablezca su investigación sobre la corrupción en la flota ballenera. Lo que Greenpeace ha expuesto es claramente un gran escándalo de corrupción con dinero de los contribuyentes japoneses y una clara violación de las normas internacionales relativas al mal llamado programa científico japonés de caza de ballenas”, continuó Pleym.
